Hace unos días hemos conocido los últimos datos publicados por Eurostat, informando que la renta agraria (RA) en España ha bajado un 8,6%, desde los 28.640 millones de euros de 2018 hasta los 26.180 millones de euros de 2019. En cambio, en la UE la renta agraria aumentó un 2,4%, pasando de 167.000 millones de euros en 2018 a 171.000 en 2019. El descenso en la renta agraria española se justifica por un lado, en una reducción del 3% del valor de la Producción Agraria y por otro, en un 3,6% de aumento de los costes intermedios.

Esta evolución negativa es aún más acusada si nos fijamos en la renta empresarial agraria (REA), que indica la remuneración de los factores propios de producción, como por ejemplo la mano de obra familiar. Según los datos de Eurostat, “la REA española ha pasado de 22.500 millones en 2018 a 20.000 millones en 2019, lo que indica un descenso del 10,9% en 2019 y del 15,0% desde 2017. A nivel UE, en cambio, se ha incrementado en este ejercicio un 2,7%, y en Alemania un notable 136%, mientras que en Italia ha descendido un 5,6% y en Francia un 12,3%”.

Según Unión de Uniones, estos indicadores reflejan no obstante, un escenario para los agricultores españoles muy alejado de la realidad del campo, ya que en base a los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, los rendimientos declarados por los agricultores y ganaderos que fundamentalmente viven de esta actividad estaría en el entorno de los 11.500 euros anuales, muy por debajo de algunos indicadores oficiales del MAPA, como la Renta Agraria por UTA o la Renta Empresarial Agraria por UTA que sobrepasarían en las estadísticas los 30.000 y 50.000 euros anuales respectivamente.

Diferentes organizaciones del sector agrario reclaman que de cara a la elaboración del Plan Estratégico Nacional de la PAC, se lleve a cabo una revisión de los procedimientos estadísticos para el cálculo de estos indicadores, teniéndose en cuenta la realidad fiscal de los profesionales del sector, más representativas para evaluar la distancia que existe entre las rentas del campo y la ciudad.

No podemos olvidar que son los agricultores y ganaderos quiénes aseguran el funcionamiento de los agroecosistemas: producción, fertilidad, ciclo del agua, relaciones entre animales y plantas, mantenimiento de la calidad de los suelos, biodiversidad, regulación cultural, infraestructuras y paisaje agrario. Y a nivel social, como ha recordado COAG, “el sector agrario debe ser reconocido por su carácter estratégico como productor de alimentos de calidad, saludables y suficientes, vertebrador del territorio, garante de un medio natural sostenible frente al cambio climático y el freno más eficaz contra el acelerado proceso de despoblamiento de la España vaciada».