Hace solamente un mes, éramos testigos de las protestas de agricultores y ganaderos reclamando un precio justo para sus producciones. Pero no parecía haber una respuesta clara y contundente para evitar la crisis de rentabilidad de sus explotaciones. Una situación que venía poniendo en riesgo la viabilidad de una profesión vital para la sociedad y que lamentablemente ahora estamos comprobando.

Mostrando una gran responsabilidad, se aplazaron las movilizaciones para volcarse en el suministro de alimentos a la población, incluso poniéndose a disposición de muchos municipios para fumigar las calles y ayudar en la lucha contra la propagación del coronavirus. Al contrario de las poderosas y modernas industrias, que han tenido que parar sus líneas de producción, la agroalimentación, no sólo ha seguido funcionando, sino que, además, ha atendido con éxito el incremento de la demanda.

En una crisis sin precedentes por la pandemia del coronavirus, la respuesta del sector agroalimentario español a la demanda de los consumidores ha permitido garantizar la tranquilidad social, poniendo en valor el papel estratégico de la agricultura y la ganadería para la sociedad actual.

Agricultores, ganaderos, cooperativas, industrias, empresas de semillas y fitosanitarios han implementado medidas que garantizan la seguridad de sus empleados, de los clientes y por supuesto del propio producto. En la mayoría de los casos en perjuicio de la productividad y el incremento de los costes.

En los cultivos de hortalizas y frutas de verano, uno de los principales temores es la carencia de mano de obra. En medio de esta incertidumbre, junto a la ralentización de las exportaciones o las disputas comerciales, sectores como por ejemplo el aceite de oliva, el vino, las carnes de ovino y caprino o los derivados de la leche temen la falta de pedidos y el hundimiento de los precios.

A medida que se prolonga esta situación, como han recordado en los últimos días algunas organizaciones agrarias, el estado de alarma, inevitable para afrontar la emergencia sanitaria, ha atacado a la economía y en el caso del mundo rural, el perjuicio también por el cierre de la hostelería, la restauración o los mercados de las plazas centrales de los pueblos, está afectando a muchos agricultores y ganaderos que pueden tener problemas para salir adelante.
Además de los reconocimientos por su importancia para la producción de alimentos de calidad, saludables y suficientes, se ha de reconocer a los agricultores, ganaderos e industrias agroalimentarias por ser también garantes de un medio natural sostenible frente al cambio climático y el freno más eficaz contra el acelerado proceso de despoblamiento de la España vaciada.

Históricamente los cambios sociales siempre se han dado por acontecimientos traumáticos. El sector agroalimentario, que supone el 8% del PIB nacional y ocupa a más del 10% de la población activa, será uno de motores de arranque cuando finalice la crisis del coronavirus. Por eso se ha de pensar ya en la reconstrucción y en cómo prepararse ante el futuro próximo.

Es necesario que se garantice la continuidad de la actividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas con una visión holística, con soluciones a corto, medio y largo plazo. Ya no hay duda que la sostenibilidad aplicada a la actividad agraria significa realizar cambios tanto económicos, sociales como culturales con el fin de mantener en equilibrio los agroecosistemas y estimular la actividad de las personas del mundo rural.