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En estos días en los que se está celebrando en Madrid la Cumbre Mundial del Clima – COP25 – se pone de manifiesto también, la necesidad de que la producción de alimentos sea más favorable al medio ambiente y al clima. De hecho, desde la Comisión Europea se viene transmitiendo que la nueva Política Agrícola Común después de 2020 tendrá una arquitectura verde, de forma que los agricultores y ganaderos que reciban apoyo con ingresos de la PAC deberán aplicar prácticas respetuosas y favorecer las actuaciones contra el cambio climático. No obstante, se prevé que serán los Estados miembros los que determinarán en detalle cómo se llevará a cabo esta aplicación, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, regionales y locales.

Para este nuevo período se han puesto sobre la mesa de la PAC el papel de los eco-esquemas, un nuevo instrumento que permitirá incentivar prácticas agrícolas y ganaderas con mayor impacto beneficioso para el clima y el medio ambiente. Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se ha indicado que dichos eco-esquemas deben remunerar las prácticas que vayan más allá de los requisitos mínimos medioambientales de la Unión Europea y deben ser flexibles para que den cabida a las diferentes realidades productivas comunitarias, sin generar una excesiva carga administrativa. Una flexibilidad que es imprescindible para recoger la realidad de las regiones particularmente afectadas por los efectos del cambio climático como las del sur de Europa.
Según la Comisión, la PAC no sólo actúa en el sector agrícola, sino que también ayuda a impulsar las economías locales y a mejorar la prosperidad rural. Los fondos de desarrollo rural pueden, por ejemplo, apoyar el establecimiento de una producción artesanal, pero también impulsar oportunidades de empleo y ayudar al crecimiento de las zonas rurales mediante el apoyo a nuevas cadenas de valor en el ámbito agrario como la energía limpia, la bioeconomía, la economía circular y el ecoturismo.

La agricultura, a través de la Política Agraria Común, debe jugar un papel positivo para afrontar el reto del clima y del medio ambiente, garantizando al mismo tiempo la seguridad alimentaria. Pero estos factores deben derivar además en la justa remuneración de los profesionales agrarios. Por ello, se espera también que la PAC mantenga su presupuesto con el mismo nivel de apoyo que en el actual periodo 2014-2020, para que los agricultores puedan responder a los desafíos medioambientales sin que la rentabilidad de las explotaciones se vea en riesgo, lo que podría aumentar aún más la pérdida de tejido productivo y el proceso de abandono del medio rural.
Los eco-esquemas que la futura PAC implantará deberán servir para premiar a los agricultores y ganaderos que lleven a cabo una actividad productiva y protejan de forma activa el medioambiente. Pero diferentes voces del sector alertan por la posibilidad de que esta nueva figura pueda fomentar una actividad sostenible desde el punto de vista ambiental y económico, pero se olvide por ejemplo de la importancia a nivel social de la agricultura familiar.
Inversiones en infraestructuras y en capital humano, incluida la formación profesional o los programas para desarrollar nuevas habilidades, como la calidad y la conectividad, son fundamentos que llevaron a la Comisión a plantear hace algún tiempo la definición de “aldeas inteligentes”, un concepto con el que se pretende apoyar a las comunidades rurales para abordar los retos principales de los municipios agrarios, como la falta de infraestructuras y de oportunidades de empleo.

La agricultura y las áreas rurales se enfrentan a una serie de desafíos para los cuales se deben encontrar nuevas soluciones. Sensores que puedan prevenir la salud de los animales, mecanismos que aporten información sobre la intensidad de la luz solar, la humedad del suelo, los mercados, la gestión de los rebaños, etc., son ejemplos de innovación y digitalización en el campo que puede proporcionar una mayor y mejor capacidad de gestión por parte de agricultores y ganaderos.

Pero, modernizar una explotación ganadera o una producción hortícola de alto rendimiento, estableciendo nuevas tecnologías o renovando los sistemas de riego son actuaciones que requieren mucho dinero. Un esfuerzo financiero que no se puede esperar que los agricultores hagan por su cuenta. De ahí la importancia de éstos fondos públicos para abordar las crecientes necesidades de inversión del sector.

Por último, la PAC deberá dotarse de flexibilidad en la aplicación de los fondos aportados para las inversiones que necesitan los agricultores. Esta flexibilidad se considera necesaria para apoyar la competitividad, la innovación, la adaptación y mitigación del cambio climático y, en última instancia, la sostenibilidad de la agricultura y las zonas rurales.